En el conjunto de España, se ha producido durante las últimas décadas un avance considerable –aunque del todo insuficiente- en la promoción de la accesibilidad a los entornos, productos y servicios. Una revisión muy superficial del proceso seguido nos llevaría a la década de 1980 en que se establecieron desde las Comunidades Autónomas (o gobiernos regionales) las primeras bases normativas mínimas en edificación, urbanismo, transporte y comunicación.
En la siguiente década, los 90, se desarrollaron la mayoría de reglamentos y normativas autonómicas, así como ambiciosas estrategias e inversiones para la promoción de planes municipales de accesibilidad o transporte accesible. En los años 2000 se potenció la legislación estatal, a partir de la propia Ley de Igualdad de Oportunidades, No Discriminación y Accesibilidad Universal (LIONDAU) y se introdujo con el Plan Nacional de Accesibilidad 2004-2012 un nuevo enfoque de intervención basado en el diseño para todos y la transversalización de la accesibilidad, aunque en la práctica no se implementó.
Finalmente, la década de 2010 comenzó con un buen síntoma: la inclusión de la accesibilidad en el Código Técnico de la Edificación y la unificación de algunos criterios de accesibilidad a aplicar en todo el territorio nacional. Esta década, aún en su mitad, ha estado muy condicionada por la crisis, por lo que han sido años de cierto estancamiento en cuanto a la progresión de la accesibilidad, y donde se manifiesta la falta de un modelo y una reflexión profunda para dar un nuevo impulso.
A día de hoy, y reconociendo grandes logros y esfuerzos por parte de muchas instituciones y personas, se puede hacer una reflexión sobre lo que se podría corregir. Son diez ideas que surgen de lo que, en mi opinión, pueden haber sido los diez mayores errores cometidos durante estos años de promoción de la accesibilidad. Están enumeradas a continuación sin seguir un orden jerárquico:
- Aumentar políticas transversales y sectoriales mas allá del enfoque de derechos.
Aunque la accesibilidad es un tema de derechos humanos, y por tanto irrenunciable, es muchas más cosas. Y sobre todo es un objetivo que se tiene que alcanzar movilizando aspectos de tipo técnico, social, económico, etc., que requieren una estrategia amplia y articulada. La práctica ha demostrado sobradamente que una buena accesibilidad requiere una excelencia técnica y una calidad de diseño y ejecución que no se logra por decreto. Una excesiva normativización puede haber sido incluso contraproducente, especialmente cuando no se tiene la suficiente capacidad (¿voluntad?) de hacerla cumplir, generando mayor frustración a los más afectados: las personas con discapacidad.
- Unificar estándares y coordinar normativa.
Tener requerimientos técnicos de accesibilidad distintos en cada Comunidad Autónoma es la peor estrategia para fomentar su implementación. Los gobiernos autonómicos tienen las competencias básicas en el tema, pero deben utilizarlas para la promoción, supervisión, sanción etc., más que para diferenciarse con criterios técnicos diferentes para cada territorio. Deben impulsar y potenciar la coordinación interterritorial para que los estándares de accesibilidad no tengan que establecerse exclusivamente por el gobierno más próximo al ciudadano, aunque se hagan de forma participativa. La suma da fuerza. Se debe avanzar hacia la estandarización, no hacia una creciente dispersión. La sucesión y solapamiento de normas desde la Administración Central tampoco ha ayudado. El caos normativo estaba servido, lo que ha resultado contraproducente para todos.
- Recuperar liderazgo público.
La Administración Central ha dejado la mayor parte de su papel promotor en manos de entidades privadas que no han demostrado suficiente nivel técnico, legitimidad o capacidad operativa. Quizá estas entidades dispongan de recursos, gracias a la solidaridad ciudadana o los presupuestos generales, pero sus prioridades han sido a menudo de tipo corporativo antes que público, y han carecido de la visión para liderar –sin sectarismos- un nuevo impulso en esta materia
- Potenciar la transversalidad de las entidades públicas de la accesibilidad.
Éstas han estado muy encapsuladas en el área de asuntos sociales y con poca capacidad de influencia transversal. Consecuentemente, la influencia ha sido limitada en otras áreas, se ha concentrado en los mismos agentes y los discursos (el “relato”, que se dice ahora) ha resultado poco innovador y muy centrado en círculos de incondicionales. Estas entidades no han podido o no se las ha dejado proyectarse más lejos, superar los corsés administrativos para llegar de forma más clara a actores clave de la accesibilidad.
Un ejemplo interesante sobre el impulso transversal es el que se está dando en Francia en este año 2015 con instrumentos como las “agendas de accesibilidad programada” o el observatorio interministerial de la accesibilidad http://www.developpement-durable.gouv.fr/-Centre-de-Ressources-de-l-.html
- Promocionar de forma más clara el Diseño Universal como estrategia de accesibilidad.
Se produce una identificación demasiado sólida entre accesibilidad y discapacidad, aquella como parte de ésta, frente a un paradigma más abierto al conjunto de la sociedad, como es el Diseño Universal o Diseño para Todos. Sectorialmente esto ha sido más notorio en el caso de la vivienda y la edificación, y menos en el transporte.
- Conectar políticas sectoriales para completar verdaderas “cadenas de accesibilidad”.
Y hacerlo con un sentido más funcional que competencial, para ofrecer una experiencia de coherencia y continuidad al usuario. En este sentido, se podrían concretar acciones más transversales en la implementación de políticas, tal como planteaba el I Plan Nacional de Accesibilidad 2004-2012. Se deberían crear instrumentos con una visión integradora, como una página web que centralizase la información, normativas, manuales, guías prácticas y cualquier recurso a disposición de los agentes sociales para facilitar la implementación de mejoras de accesibilidad en todos los ámbitos.
- Recuperar el valor de la investigación independiente.
Se han hecho pocos estudios relevantes sobre el tema, a menudo de escasa calidad y de forma dirigida o controlada. Tampoco se ha vuelto a realizar un trabajo de diagnóstico sistemático, objetivo y con criterios científicos como fue el Libro Verde de la Accesibilidad del IMSERSO en 2001. Hoy por hoy no hay ningún termómetro fiable que nos diga donde estamos en términos de accesibilidad, dónde hemos avanzado y donde no, a pesar de las grandes inversiones realizadas y las subvenciones otorgadas.
- Sistematizar el seguimiento, estudio y evaluación independiente de los programas o las inversiones realizadas.
Hasta ahora ha sido imposible exigir responsabilidades por el uso de los recursos en esta materia; ha faltado transparencia. Esto se plasma de forma muy clara en determinados programas y en poblaciones donde la superposición de medidas y la falta de calidad de las soluciones a lo largo de muchos años habrían requerido al menos una revisión crítica, por no decir una labor fiscalizadora oficial.
Por otra parte, el incumplimiento de las normativas ha salido gratis, las propias instituciones públicas encargadas de licencias y visados se han desentendido de la vigilancia sobre el cumplimiento de la normativa o han considerado que no era su tarea hacerlo.
- Potenciar la formación de calidad.
La falta de involucración de las entidades formativas, sobre todo las escuelas de técnicos con mayores responsabilidades, como los arquitectos, y la falta de acción por parte de la administración en este campo. Ambos efectos han sido un fallo clamoroso de uno de los pilares clave para lograr cambios reales. Las administraciones tampoco han ofrecido cursos sobre esta temática en su oferta formativa dirigida a los funcionarios encargados de velar por el cumplimiento de los derechos y el servicio al ciudadano.
- Potenciar la vivienda con criterios mínimos de accesibilidad universal y adaptabilidad.
Se ha perdido la oportunidad de introducir de forma efectiva cambios en la vivienda nueva construida durante el boom inmobiliario previo a la crisis. Los requisitos de la normativa resultaban poco ambiciosos y su implementación –sin control ni sanción- resultó un fracaso, tanto en vivienda libre como protegida (VPO). Por otra parte la creación de un stock de vivienda adaptada en base a una cuota de alrededor del 3% en las nuevas construcciones no es una buena solución ni ha dado los resultados esperados. Ha faltado más investigación en tipologías de vivienda y una verdadera política de “diseño universal” de manera alternativa o complementaria a la de crear viviendas adaptadas “para personas con discapacidad”. Todo ello ha restringido la libertad de acceso para éstas y generado un sistema de asignación de viviendas adaptadas ineficaz.
Indudablemente se podrían añadir más puntos a los diez citados, pero estos me han parecido los más significativos, a partir de mi conocimiento y experiencia de casi 20 años trabajando en este tema. Durante este tiempo la accesibilidad ha tenido un proceso de crecimiento e implementación importante, ya he dicho que insuficiente, pero superior al de países de nuestro entorno. Una prueba es que cada año hay varias ciudades españolas finalistas en los premios europeos a las ciudades accesibles Access City de la Comisión Europea. Pero también es cierto que se han cometido errores y se han desaprovechado recursos e instrumentos. Aprendamos de todo ello con sentido crítico, y evitemos esta tendencia tan nacional a crear “castas” y listas negras. Demos mayoría de edad al conocimiento sobre accesibilidad y evitemos tener que aceptar verdades absolutas nunca contrastadas. Los que nos dedicamos a este tema debemos estar a la altura para seguir sumando a personas, entidades e instituciones a esta lucha por la accesibilidad universal.
Fernando Alonso, Acceplan
ACCEPLAN 