A principios de este año, se me encargó elaborar un diagnóstico que sirviera de base para el Seminario-taller «Desarrollo de la tecnología para el ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad», enfocado en la accesibilidad a través de la utilización de la ingeniería mecatrónica y su papel como una ayuda para el ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad.
Si bien este diagnóstico está basado en el marco jurídico, normativo y la situación actual en México, quizá muchos de los resultados pueden resultar familiares en diversos países, grados de desarrollo y antecedentes socioculturales, ya que la accesibilidad en general sigue siendo un reto muy importante en todo el mundo. A continuación se presenta un breve resumen con los principales hallazgos.
Aún cuando no existen en México un registro sistemático de acciones y programas a favor de la inclusión de las personas con discapacidad, ni de acciones específicas en materia de accesibilidad, sí encontramos diversas fuentes que permiten determinar avances, retos y desafíos, principalmente en el ámbito federal y en el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil, así como existen también algunas referencias al trabajo de instituciones de educación superior en materia de investigación y desarrollo de la accesibilidad aplicada a la tecnología de asistencia, la información y comunicaciones.
La accesibilidad al entorno construido, las tecnologías de la información y comunicaciones, representan todavía un enorme desafío para México. Durante los últimos años han existido avances en el desarrollo de normatividad y de incipientes políticas públicas en la materia. Sin embargo, la implementación de la accesibilidad en todas sus formas es una tarea verdaderamente transversal, que abarca los tres niveles de gobierno y los sectores privado y social, así como la academia.
La naturaleza del tema (mecatrónica y accesibilidad) remarca la necesidad de esa atención integral y multidisciplinaria, en especial involucrar a las universidades y centros de investigación.
Del diagnóstico destaca que diferentes dependencias se encargan de aspectos específicos de accesibilidad, la propia ley mexicana así lo indica y actualmente se carece de un liderazgo rector. La información sobre transporte y tecnologías de la información y comunicación es escasa.
Existe normatividad definida para determinadas tipologías de construcciones, pero no para todos los aspectos de la accesibilidad, en especial para el desarrollo de tecnología y ayudas técnicas. No hay incentivos de ningún tipo que fomenten el desarrollo de tecnología y ayudas técnicas en los centros de educación superior que pueda traducirse en la producción masiva de ayudas técnicas de bajo costo.
Sólo hasta muy recientemente se ha impulsado el uso de formas alternativas de comunicación (lengua de señas y subtitulaje), tanto en el sector gobierno como en las organizaciones de la sociedad civil. Aún es tarea pendiente su promoción en el sector privado, así como la aplicación de los protocolos internaciones de accesibilidad en las páginas web de los tres niveles de gobierno y del sector social y privado.
Los esfuerzos realizados no se reflejan en el entorno urbano ni en la gran mayoría de las construcciones de particulares, ya que aún se carece de la normatividad obligatoria de carácter estatal y municipal, así como de un programa específico para el desarrollo y actualización de normas mexicanas o normas oficiales mexicanas que sirvan de marco de referencia.
Por otro lado, el tema de la vivienda accesible o adaptable debe ser considerado una prioridad a corto o mediano plazo. Actualmente existen esfuerzos para promover la accesibilidad en el sector, pero el desafío persistirá, en tanto no se modifique la legislación que determina la superficie mínima en metros cuadrados de una vivienda, que permita diseños en donde pueda habitar una persona con discapacidad o un adulto mayor con problemas de movilidad.
El transporte federal en todas sus modalidades ha sido objeto de reglamentación y promoción de la inclusión medidas de accesibilidad, pero aún se carece de los reglamentos y sobre todo, de las normas necesarias para propiciar el desarrollo de transporte urbano accesible.
Existe el marco normativo y una creciente sensibilización en los sectores laboral, educativo, de salud, del arte y la cultura para promover el diseño de espacios accesibles a personas con cualquier discapacidad, pero sin que exista un impacto real en la vida de ellas por dos motivos:
1. La falta de acciones específicas en los niveles estatales y municipales para reforzar la accesibilidad en inmuebles públicos y privados;
2. La carencia de políticas para desarrollar servicios integrales de transporte urbano, en todas sus modalidades.
El país carece de los especialistas necesarios para concretar e implementar el desarrollo de políticas públicas en el ámbito de la accesibilidad a las tecnologías de la información y comunicaciones, lo que contrasta con la amplia promoción que se ha hecho para la adopción en el ámbito internacional para la inclusión de la discapacidad en materia de telecomunicaciones.
Asimismo, es preciso que las metas que se planteen las políticas públicas, correspondan a las necesidades de las personas con discapacidad, en un marco de derechos humanos, al tiempo que sean realistas y tengan en perspectiva el principio de progresividad que se plantea en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Las personas con discapacidad demandan la atención inmediata a sus necesidades de accesibilidad en todos los ámbitos, pero en la práctica se hace evidente que aun cuando existe un incipiente marco legal, el mismo no es obligatorio y sobre todo, funcionarios de todos los sectores en general carecen de la capacitación para su implementación.
Existen esfuerzos aislados y desvinculados para el desarrollo de tecnología de asistencia, pero sin que se aprecie una política específica, tanto a nivel gubernamental como de las propias instituciones educativas o centros de investigación.
La Lengua de Señas Mexicana y sus servicios de interpretación cuentan con un marco normativo básico para su promoción; sin embargo no se verán avances en tanto no se fortalezcan programas y políticas para la formación de recursos humanos, su profesionalización y certificación.
La atención en caso de emergencias es un campo que se puede beneficiar del desarrollo en el país, con la tecnología necesaria para el desalojo de las personas con discapacidad y abatir los costos de importar la misma.
Las acciones que se generen a futuro para la atención de personas con discapacidad, en cualquier ámbito, región o país, deben tener en cuenta algunos escenarios:
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La atención a las demandas insatisfechas de la población actual con discapacidad y el limitado ejercicio de sus derechos, y
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La tendencia de que la discapacidad en México (y en otros países) está en aumento, debido al envejecimiento de la población y la alta incidencia de enfermedades crónico – degenerativas. El país cuenta con una población sin discapacidad, pero en riesgo de de adquirirla en la vejez, debido a la falta de un entorno propicio y las políticas públicas necesarias que tomen en cuenta el cambio demográfico que se está dando en el país.
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Dar a la discapacidad un verdadero enfoque de género, en el que se atiendan las necesidades tanto de mujeres y niñas con discapacidad, como las necesidades particulares de las mujeres que son cuidadoras de personas con discapacidad.
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