Pero… ¿Cuánto cuesta la accesibilidad? (Parte 1)

Esta primera entrega es conceptual. Conviene entender de qué estamos hablando y en relación con qué, pues la pregunta del título es una pregunta recurrente. Todo el mundo quiere argumentos que justifiquen que tener en cuenta medidas de accesibilidad no encarece un proyecto o lo hace en pequeña medida. Puede que esto sea cierto en muchos casos, habrá que hacer números, pero empecemos por otra cosa: quizá la pregunta no está bien formulada. Lo relevante quizá no es lo que cuesta, sino en relación con qué.

En un análisis coste-beneficio siempre existe una alternativa de referencia: no hacer nada, que la situación se quede como estaba, lo que por supuesto también comporta costes o beneficios. En nuestro caso los conocemos: el aislamiento físico y social de los mayores, la marginación de las personas con discapacidad, los problemas funcionales para toda la sociedad derivados de unos edificios/ciudades/transportes construidos sin tener en cuenta las condiciones físicas, sensoriales, cognitivas, etc. de buena parte de la población. Cualquier alternativa que se plante debe valorarse a partir de esa opción de dejar las cosas como están, analizando en qué medida el proyecto valorado contribuye a aumentar o disminuir esos costes y beneficios, tanto los inmediatos y los directos, como los diferidos, o los que se superan los límites contables del proyecto. Tanto los privados como los públicos. Es aquí donde entramos en la dificultad de valoración de los costes y beneficios sociales (el problema de las “externalidades” del proyecto) para que las decisiones no sólo maximicen los resultados monetarios de una parte de los implicados, sino el bienestar conjunto.

Es evidente que a un constructor de un edificio de viviendas las consecuencias sociales del proyecto o aquellas que se manifiestan a medio-largo plazo le pueden dar igual, incluso las que son a corto pero cuestan dinero y no aumentan el valor de mercado. Para corregir el efecto pernicioso de una perspectiva estrictamente interna o contable del proyecto, que externaliza a la sociedad buena parte de los costes, disponemos de las regulaciones o normas, que marcan las responsabilidades y derechos de propiedad. Igual que la casa no se puede caer en 40 años (por decir algo), tampoco debería ser una trampa para sus residentes en 10 o 25. Pero así como lo primero resulta evidente para todos, lo último sigue pareciendo algo de segundo rango y sin importancia.

¿Será por dinero? (Foto: Enrique G. Blanco)

¿Será por dinero? (Foto: Enrique G. Blanco)

Por supuesto que la accesibilidad tenga valor en si misma es en buena parte un patrón cultural, que se puede estimular mediante formación y concienciación, porque el valor no es algo intrínseco ni objetivo. Recordemos lo que ha pasado con el medioambiente, por ejemplo. Era cosa de unos pocos ecologistas hace unos años y ahora se ha convertido en un valor fijo para las empresas, que luchan por vestir de “verde” todos sus productos, invirtiendo buenas cantidades de dinero en ello. No es que se haya vuelto filántropos, es que sus clientes han incluido el medioambiente entre sus preferencias. Quizá sus intenciones no sean honestas en muchos casos, puede que engañen a sus clientes con actitudes falsamente “verdes”, pero se ven obligados a hacer algo: la conciencia del consumidor tiene cierta fuerza. Por ello cuanto más se conozcan las ventajas de las soluciones accesibles, más fácil será que las normativas se cumplan.

Otro aspecto a considerar es el tiempo. Tenemos que entender que la capacidad de trasladar nuestros costes en el tiempo marca la diferencia. En una sociedad en proceso de envejecimiento acelerado no tener en cuenta las necesidades de accesibilidad provoca consecuencias indeseables en plazos cada vez más cortos. Si el argumento ante una mejora es “hágamelo barato”, que ya me encargo de sacar adelante todo ese engorro de la normativa (versión habitual, con la salvedad de que el “barato” a menudo incluye todo tipo de comisiones o sobrecostes innecesarios) ya sabemos que antes o después tendremos un problema cuyo coste ahora no estamos considerando.

Estamos dilatando en el tiempo el coste, y aunque siempre estamos dispuestos a pagar una prima por retrasar los pagos (por eso existen los créditos), hay costes diferidos que son tan elevados que difícilmente se pueden justificar. Por ello quiero dejar aquí en el aire un par de preguntas incómodas: ¿realmente existe una justificación económica suficiente para que en 2013 aún no sea obligatorio construir un ascensor –o prever su instalación posterior- en las viviendas unifamiliares de dos, tres o incluso cuatro alturas? Y más aún ¿algo puede justificar que ni siquiera la planta baja de estas viviendas sea obligatoriamente accesible?

Yo desde luego tengo mi respuesta para ambas preguntas: NO.

Pero el Código Técnico de la Edificación (CTE) también tiene la suya: SÍ; pues su Documento Básico “Seguridad de Utilización y Accesibilidad” (DB-SUA) no obliga ni a una cosa ni a la otra.

Barreras en viviendas unifamiliares aceptadas por el CTE

Barreras en viviendas unifamiliares aceptadas por el CTE

Al hacerlo se alinea –en mi opinión- con una vieja forma de entender las cosas (aceptada, no sé si con plena consciencia, por los colegas y representantes de usuarios que han participado en la redacción del DB-SUA). Una forma que parece desconfiar en última instancia de la accesibilidad en los edificios, al verla como una potencial amenaza o un impedimento para otros objetivos “superiores”, los que sean, normalmente de tipo económico, a veces estético.

Este debate podría abordarse desde una perspectiva más neutral en términos económicos a través de un análisis coste beneficio que comparara el coste de incorporar soluciones de accesibilidad a todas esas viviendas con el beneficio que produce sobre las personas de hoy y de las que habitarán la casa en el futuro (aplicando para estos la correspondiente tasa de descuento, pues todos sabemos que no aprieta lo mismo una necesidad hoy que una dentro de 15 años). Hay distintos estudios que señalan que la gente está dispuesta a pagar por las mejoras de accesibilidad*, entre ellos uno mío. Ninguno resuelve exactamente este caso, pero hay otras estimaciones que me hacen sospechar que mis anteriores respuestas negativas no van en absoluto descaminadas: Smith et al. (2008)** investigaron la probabilidad de que una vivienda unifamiliar construida en 2000 tuviera durante su periodo de vida útil (entre 75 y 100 años en Estados Unidos, pero considerablemente mayor en Europa) al menos una persona con discapacidad viviendo en ella. Sería del 77,7%. Si añadimos la probabilidad de que sea un familiar o visitante quien tuviera la discapacidad subiría al 91%.

Estos autores destacan la necesidad de actuar urgentemente para aumentar la oferta de viviendas accesibles dado el lento ritmo al que se producen los cambios en el stock de vivienda (algo que después de la burbuja inmobiliaria será aún mucho más lento) y los beneficios personales, familiares y sociales que de ello se derivan. Seguir creando edificios inadecuados en base a unos supuestos incrementos de coste –sobradamente demostrados como escasamente importantes- y sin considerar sus efectos posteriores es seguir aumentando la hipoteca que tendremos que pagar en el futuro.

Pero hay otros temas a considerar, como es el de la proporcionalidad, casi diría el del sentido común. Hemos llegado a olvidar que en el campo de los derechos –y la accesibilidad lo es en buena medida- debe haber cierta proporcionalidad y eficacia. Recuerdo unas jornadas que tuve que organizar sobre transporte urbano en autobús en Madrid en 2005. Alguno de los ponentes, representantes de las compañías de autobuses urbanos de grandes ciudades sacaron a la luz los elevados costes de mantenimiento de las rampas escamoteables y su escaso uso. Hubo torpeza en la forma de abordar el problema, pero la virulencia con que fueron atacados y desautorizados desde alguna organización de usuarios presente dejó bien claro que aquello era un tema intocable, algo de lo que no cabía hablar. Este es el peligro característico de aquellos que descartan por principio cualquier valoración de bienes públicos: ven como inaceptable que se pueda otorgar valor económico a cosas como un bosque, un nivel de contaminación o a una solución de accesibilidad. Cuando en realidad esa valoración se está produciendo a diario sin que lo sepan: la ignorancia le otorga un valor cero, pues en la práctica las decisiones se toman sin considerar que ese bien tenga valor alguno. Y eso es lo peor, porque los agentes económicos (y políticos) deciden y actúan de cualquier forma.

¿Sale o no sale la rampa? …depende de la cuenta de resultados. (Dibujo: Eugenio Vega)

¿Sale o no sale la rampa? …depende de la cuenta de resultados. (Dibujo: Eugenio Vega)

Prefiero discutir si es conveniente regular el sistema de accesibilidad de un bus de otra forma, si hay que cambiar la tecnología o reducir su uso a situaciones determinadas, antes que dejar en manos de “decisiones inconfesables” el que el sistema esté siempre averiado o el chofer desconozca su uso. Siempre es mejor una decisión informada que una que no lo está. La información puede ser neutral, la ignorancia no. Y esto vale también para las cosas de la economía.

Por ello, y por todo lo demás –incluido lo que aquí no se aborda- hay que reconocer que las mejoras de accesibilidad tienen límites muy estrictos marcados por su coste, y que por muy loable que sea una solución, sólo triunfará si se demuestra viable. Esta viabilidad puede ser privada o pública, puede incluso política, pero hay que saber en base a qué criterios se establece. Normalmente son criterios económicos (su coste en relación a lo que ofrece), pero no sólo. Y pongo un ejemplo, procedente de otro ámbito: el tren AVE Madrid-Sevilla que inauguró la red de alta velocidad ferroviaria en España. En su día se hicieron los estudios coste-beneficio correspondientes. El resultado era claramente negativo: su construcción no era rentable. Sin embargo, aun conociendo este dato se hizo esta infraestructura porque había una opción política y estratégica detrás. ¿Fue un error? Júzguelo cada uno. Lo que está claro es que conocer la realidad económica no fue un impedimento para hacerlo, porque el resultado económico no siempre es lo más importante. Pero conviene saber lo que cuestan las opciones estrictamente políticas, de derechos humanos, o cualquier otra, aunque sea para poder comparar soluciones o alternativas.

Como dice la primera lección de economía: los recursos siempre son escasos. Y la escasez aún parece mayor si los mismos aliados de la accesibilidad nos pegamos tiros en el pie de vez en cuando contribuyendo muy poco a que la accesibilidad sea vista de forma más positiva, y con ello más valorada.

(continuará)

Fernando Alonso López, Director de Acceplan

* Alonso Fernando (2002) The Benefits of Building Barrier-Free: A Contingent Valuation of Accessibility as an Attribute of Housing. European Journal of Housing Policy 2(1), 25-44. Routledge. Netherlands.
Kochera, A. (2002). Accessibility and visitability features in single-familyhomes: A review of state and local activity. Washington, DC: AARP Public Policy Institute.
Bayer, A.-H., & Harper, L. (2000). Fixing to stay: A national survey of housing and home modification issues. Washington, DC: AARP Knowledge Management

**Smith, S.K., Rayer, S. & Smith, E.A. (2008) Aging and disability: Implications for the housing industry and housing policy in the United States. Journal of the American Planning Association, 74:3, 289-306

2 comentarios en “Pero… ¿Cuánto cuesta la accesibilidad? (Parte 1)

  1. Fernando,

    un magnífico artículo. Lo leo sentado en una gasolinera de autopista croata, recién construida. Miro a mi alrededor y todo son obstáculos para el libre movimiento, no sólo de un impedido, sino también para el fácil desplazarse de cualquiera. Como dice mi amigo Alain, empiezas a rediseñar y lo acabas cambiando todo.

    Un abrazo
    Javier

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